La agenda del sector energético se concentra en la planificación de la infraestructura de transporte necesaria para sostener tanto el boom de las energías renovables como la creciente demanda del sector de hidrocarburos. En el marco del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que se sustenta con inversión privada sin uso de fondos públicos, la Secretaría de Energía anunció cuáles serán las primeras obras a licitar, dentro de un plan más amplio para fortalecer el sistema.
A través de la Resolución 311/2025, la Secretaría de Energía avanza en un cambio de paradigma: sin aportar recursos del Estado y con licitaciones abiertas a nivel nacional e internacional. Las iniciativas buscan fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mejorar la calidad del servicio eléctrico y eliminar cuellos de botella en el sistema de transmisión.
Las obras seleccionadas son AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE; y la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.
Estas obras forman parte del conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identificó zonas críticas del país donde el crecimiento de la demanda eléctrica no fue acompañado por la infraestructura necesaria.
El nuevo esquema establece que la inversión, construcción, operación y mantenimiento correrán por cuenta del sector privado, a través de un régimen de concesión de obra. Este enfoque busca eficiencia operativa, modernización del sistema y reducción del gasto público, sin resignar control estratégico.
Las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos. Las obras se solventarán mediante el cobro de un concepto en las tarifas de los usuarios que sean beneficiados por la nueva infraestructura pero una vez que sean completadas y estén en funcionamiento.
El plan, que conlleva unos USD 6.600 millones, contempla la construcción y ampliación de estaciones transformadoras de 500 kilovoltios y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas nuevas, lo que representa un incremento del 38% respecto de la red existente.
